A juicio primeros acusados por el fraude en Guaynabo

El juez superior Alvin Rivera Rivera halló causa para juicio hoy, miércoles, contra siete de los imputados por el caso de fraude electoral en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo. Tras una maratónica vista preliminar que culminó casi a las 9:00 de la noche, el juez, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa probable para acusar a Norma Miranda Gallardo, quien el pasado cuatrienio era ayudante de la entonces presidenta de la Cámara, Jenniffer González y también a la empleada del Municipio de Guaynabo, Yajaira Rojas López. Además, falló en contra de los policías municipales Gerardo Tapia Reyes, Cynthia Pagán Porrata, Luis E. Villegas García, Juan Enrique Correa Plata y el sargento César Beltrán Colón. El juez determinó causa contra todos los acusados en los cargos de apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos. Sin embargo, desestimó los cargos de perjurio porque “no se presentó prueba”, con excepción de los casos de Miranda Gallardo, Villegas García y Beltrán Colón. El juicio quedó programado para el 27 de noviembre y el acto de lectura de acusación se pautó para el próximo 29 de octubre. Una investigación de El Nuevo Día reveló numerosos casos de electores -entre ellos varios policías y empleados municipales de Guaynabo- que usaron direcciones falsas para poder participar en la primaria entre el entonces representante Ángel Pérez y el hoy legislador Antonio “Tony” Soto, quien fue apoyado por el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill. Un informe de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) referido al Departamento de Justicia y avalado por todos los partidos políticos reveló la posible comisión de delitos. En la vista preliminar, que inició el pasado 9 de octubre y culminó esta noche, declararon varios testigos, entre ellos, las empleadas de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) de Guaynabo, Dilia Vázquez Centeno, Diana Rodríguez y Carmen Rondón Romero. Las tres testigos declararon, a preguntas de los fiscales Lorraine Soto Pietri y Edmanuel Santiago Quiles, sobre las transferencias por cambio de dirección, precinto y unidad electoral que hicieron bajo juramento los imputados, entre el 29 y el 30 de enero de 2012, de cara a la contienda primarista. Vázquez Centeno declaró que después que Miranda Gallardo solicitó la transferencia, en marzo de 2012, un elector se presentó a la JIP y dijo que la imputada le había “tomado su dirección prestada”. La testigo dijo que refirió el asunto a la CEE. Los abogados de defensa, Luis O. Rodríguez, Ana Quintero, Ernie Cabán y Alexis Acevedo, argumentaron que los acusados no fueron identificados en corte abierta, pero el juez dijo que “era suficiente el testimonio (de las empleadas de las JIP que hicieron las transferencias) para determinar causa probable”. Rodríguez, quien representó a tres de los imputados, dijo que la determinación de causa no era conforme a derecho y dejó entrever que someterá una solicitud de desestimación de los cargos a nivel del juicio. “Una identificación de una supuesta fotografía adolece de ser una identificación conforme a derecho”, alegó el letrado. El juez no permitió que se identificara a los imputados con la foto que aparece en las solicitudes de transferencia, pero las dos empleadas de la JIP contestaron a preguntas de la fiscal que a todos los acusados se les pidió una identificación con foto y ninguno de los casos tuvo que ser referido a la seguridad de la CEE para verificar su identidad. En el caso del policía Correa Plata, la agente investigadora del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Edna Cruz Estrada, declaró que la casa D-14 en la Calle 16 de la Urbanización Bello Monte no existía. “Localizamos una casa D-14, pero en la Calle 14 y allí entrevistamos a otras personas. Concluimos que Correa Plata no vivía allí”, indicó la agente, quien también declaró que corroboró que la residencia en dicha urbanización en la que el sargento Beltrán Colón alego haberse mudado, tampoco existía. La abogada de Correa Plata, Ana Quintero, argumentó que el tribunal no tiene competencia en estos casos. “Este tribunal solo tiene competencia si fueran delitos electorales, no bajo el Código Penal”, sostuvo la abogada. “La intención legislativa es clara. Ese tipo de documentos, de actualización de datos del elector y la fotografía, el legislador dispuso que fueran para delitos electorales”, sostuvo la abogada. Puntualizó que los documentos no son admisibles. Pero el juez le ripostó que corresponde al Ejecutivo determinar qué ley utiliza. Quintero, al igual que Cabán, quien representó a Miranda Gallardo, planteó que había “duda” porque los acusados no fueron identificados en sala. El juez dijo que el proceso de identificación que no se da en sala, se subsana con el procedimiento que se da en la Junta de Inscripción Permanente. “Más allá de duda razonable le corresponde al juzgador de los hechos u a otro tribunal, pero para esta etapa de los procedimientos es suficiente ese aspecto de identificación para determinar causa probable”, afirmó. La licenciada Quintero pidió copia de la resolución porque anticipó que irá al Tribunal de Apelaciones. Los abogados también trataron de sembrar dudas sobre la pureza de los trámites indicando que los días en que se hicieron las transferencias había mucha gente en la JIP y una de las testigos reconoció que aunque los documentos llevaban su firma, alguna de sus compañeras pudo haber completado los formularios. La vista preliminar contra otras cinco personas de este primer grupo de acusados en este caso continuará mañana, jueves. Estos imputados son el ex comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, Wilfredo Martínez Hernández, empleado de confianza del alcalde, Héctor O’Neill y los policías Ingrid Echevarría Colón, Ángel D. Hernández Pérez, Miguel Díaz Vélez y Ariel Soto Cruz. Quedarían pendiente de vista preliminar otros 33 acusados