Denuncia "mafia" policial en desalojos

SANTO DOMINGO.- El presidente del Núcleo Nacional de Alguaciles (NAL), Félix Jiménez Campusano, denunció una "mafia" en la Policía con los desalojos que ordena el Abogado del Estado. Dijo que cuando los expedientes de desalojos llegan a la Uniformada son retenidos hasta que las partes interesadas los promuevan con altas sumas de dinero, de lo contrario, les ponen muchos impedimentos. "Ellos deciden cuales desalojos se ejecutarán después de que el Abogado del Estado los ordena, convirtiéndose en un tribunal de alzada, constituyendo esa acción en atribuciones de funciones que no son de su competencia", manifestó. Consideró que "existe un desafío a los propietarios de escasos recursos económicos, a la autoridad judicial, a la prensa y al país. Aparte, cometen usurpación de funciones, corrupción, soborno, extorsión, enriquecimiento ilícito, robos, estafas y abusos de confianza". "A un propietario le exigieron RD$ 300, 000, pesos y luego trasladaron a los oficiales que recibieron dicha suma y se negaron a devolvérselos, por lo que este perdió su dinero. Señaló el caso del señor De Los Santos Rosario quien es un minusválido que no puede valerse por sí y se comprometió ayudarle por razón de humanidad, pero en la policía los expedientes dan 15 pasos y ya ese los ha recorrido todos por haber encaminado esas tediosas diligencias y en diciembre le informaron que por motivos a las navidades estaban parados todos los desalojos y ahora es porque supuestamente el jefe policial está revisando todos los expedientes uno por uno y ha intentado hablar con el superior, pero no se lo permiten, ni siquiera su asistente, el general Natera ha tenido la gentileza de recibirle, hasta los números telefónico le dice la secretaria que no está autorizada a dar. Añadió que esa práctica hace que los agentes policiales de manera ilícita reciban los emolumentos que les pertenecen a los ministeriales y deciden hasta las estrategias de las ejecuciones muchas veces siendo estos analfabetos, ya que buscan imponer su autoridad, desconociendo que son auxiliares de estos. El ministerial sugirió que se designe un juez ejecutor de la fuerza pública el cual ordene luego de ponderar, que en un plazo de 24 horas ese cuerpo del orden ciudadano se ponga a la disposición de los curiales sin revisión alguna.